Sin menoscabo de la libertad de expresión y su libre derecho a manifestarse; las conductas llevadas a cabo por las personas que hoy se denuncian, como es públicamente conocido al ser difundido por distintos medios de comunicación, radican en la obstaculización de la procuración de justicia, entorpeciendo prestar todos y cada uno de los servicios públicos inherentes a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

El día de hoy se interpuso FORMAL DENUNCIA en contra de ALEJANDRO RIVERA NIETO y JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ y QUIEN RESULTE RESPONSABLE por hechos que la Ley señala como los delitos de SEDICIÓN, SABOTAJE, CONSPIRACIÓN, ACCESO ILÍCITO A SISTEMAS Y EQUIPO DE INFORMÁTICA y REVELACIÓN DE SECRETOS previstos y sancionados por el Código Penal Federal, así como por las conductas delictivas previstas en las LEYES ESPECIALES COMO:

–           Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

–           Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

–           Ley de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda y su Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas

–           Ley General de Víctimas

–           Ley General de Salud

–           Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,

–           Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República al tratarse de delitos que atentan contra la Seguridad de la Nación, bien jurídico primordial para el funcionamiento de la Seguridad Pública, ya que como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la procuración de justicia es una de las funciones de la Seguridad Nacional, definida como  las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, y derivado del actuar de los ahora manifestantes se está viendo gravemente afectada.

Será el Ministerio Público de la Federación quien determinará si los datos de prueba que se acompañan a la denuncia y los que se puedan realizar y recabar por parte de la autoridad federal son suficientes para acreditar los delitos denunciados y proceder conforme la Ley.