Tras la entrega de la presea “Tomás Torres Mercado” al Mérito Jurídico, la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura desarrolló otra sesión, en la que se expusieron los siguientes temas.

Exhortan a aplicar la Ley del Servicio Civil a trabajadores del sector público que incumplan el aislamiento

La actual emergencia sanitaria orilló a los ayuntamientos y organismos autónomos, entre otros entes públicos, a aplicar medidas de reducción de personal en sus oficinas para evitar los contagios. La indicación que en estos casos recibieron los trabajadores, quienes además tienen garantizado su sueldo, fue la de quedarse en casa y trabajar de manera virtual.

No obstante, el diputado Pedro Martínez Flores señaló que ha recibido quejas de los alcaldes en las que se advierte que empleados municipales que deberían estar en aislamiento, incumplen esta disposición y con ello ponen en riesgo al resto de la plantilla laboral de estas instituciones.

Debido a esta situación, las y los legisladores de la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura exhortaron a los presidentes municipales y a los titulares de los organismos autónomos para que apliquen lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley del Servicio Civil del estado e inicien la rescisión de la relación laboral con las personas que incurren en esa práctica.

El legislador Martínez Flores, quien propuso la iniciativa que fue aprobada tras considerarse de urgente resolución, sostuvo que en el caso de los ayuntamientos se han hecho esfuerzos, disminuyendo la inversión, la prestación de servicios y la operación en general, para poder garantizar el pago de los salarios.

Pese a que los trabajadores municipales tienen asegurado el pago cada quincena, bajo la única condición de cumplir con el aislamiento dictado desde los gobiernos municipales, refirió que éstos “no lo hacen y destinan ese tiempo ‘que corresponde en estricto sentido a la entidad pública a la que prestan sus servicios’, a realizar otras actividades, potenciando el riesgo de contagio, además de que obtienen incluso ingresos económicos adicionales, lo que no es ni ética ni profesionalmente correcto”.

El llamado, por tanto, es a hacer valer la Ley del Servicio Civil en la que se estipula que se podrá despedir a un trabajador, sin incurrir en una responsabilidad para el patrón, en los casos en los que “por su imprudencia o descuido inexcusables, comprometa la seguridad del establecimiento o de quienes ahí se encuentren; que se niegue a adoptar las medidas para prevenir accidentes o enfermedades”.

Llaman a mantener el programa 3×1 para 2021

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 que presentó a principios de julio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se contempla la desaparición del programa 3×1 y este hecho preocupa por la importancia que a lo largo de más de dos décadas han tenido los recursos invertidos en esta estrategia en el territorio estatal, aseguró el diputado José María González Nava.

El legislador resaltó la urgencia de que se recupere el presupuesto que se destina a proyectos realizados en conjunto con la comunidad migrante y por ello presentó un punto de acuerdo que fue avalado por unanimidad en el Pleno.

Mediante esta aprobación, las y los diputados de la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura exhortaron al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a se realicen las acciones necesarias, a través de la SHCP, con el objetivo de otorgar los recursos suficientes para garantizar la operación del programa 3×1.

Esto es indispensable, de acuerdo al llamado, para mitigar los efectos de la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19 ya que con estos recursos se fomentará la inversión en la economía nacional, estatal, regional y municipal.

Para mostrar el impacto que ha tenido esta estrategia en más de 20 años en el estado, José María González Nava señaló que desde su creación y hasta el año 2018 se han invertido con el programa 3×1 alrededor de  3 mil 500 millones de pesos en 5 mil 529 obras y acciones que han beneficiado a la población de la entidad.

Del total, 774.7 millones de pesos se han destinado al ámbito educativo, otros 656.4 millones de pesos se han dirigido a la asistencia social y los servicios comunitarios, 71.4 millones de pesos han servido para potenciar el deporte nacional, 61 millones de pesos fueron para el apoyo de la economía familiar y también se invirtieron recursos en infraestructura social básica como agua potable, drenaje y electrificación.

Se presentaron 96 iniciativas de ley y de reformas

Durante el segundo periodo ordinario de sesiones, del segundo año del ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del estado, se presentaron 114 iniciativas.

El 84 por ciento de ellas, un total de 96, fueron reformas a distintas leyes, a la Constitución Política del estado y a la federal, así como nuevas leyes; mientras que el 16 por ciento restante correspondió a puntos de acuerdo que fueron turnados a las comisiones legislativas.

El diputado presidente de la Mesa Directiva durante ese periodo, Eduardo Rodríguez Ferrer, leyó este miércoles el informe de actividades y en él destacó que se celebraron 26 sesiones en el pleno, 23 de ellas ordinarias y tres solemnes.

Además, en el desglose de las 114 iniciativas señaló que dos fueron reformas o adiciones a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y 13 a la Constitución Política del estado; hubo también ocho iniciativas de ley, 70 reformas o adiciones a diversas leyes, tres fueron otro tipo de iniciativas y se presentaron 18 puntos de acuerdo.

Asimismo, se expidieron 29 decretos; entre ellos 12 reformas de ley, tres expediciones de nuevas leyes, tres reformas o adiciones a la Constitución local y tres declaratorias y reconocimientos.

El contenido del informe se publicará de manera íntegra, para que pueda ser consultado por la ciudadanía, en la página de internet de la LXIII Legislatura que es www.congresozac.gob.mx.

Iniciativas

Regular desde la Constitución y normatividad interna las sesiones virtuales del Poder Legislativo

Con el objetivo de que el Poder Legislativo pueda continuar trabajando con regularidad y dentro del marco legal durante situaciones de emergencia como la actual pandemia provocada por el Covid-19, se propuso una iniciativa de reforma a la Constitución del estado, así como a la Ley Orgánica y al Reglamento para normar las sesiones virtuales y las reuniones de trabajo.

La diputada Gabriela Pinedo Morales y los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada plantearon modificar estas disposiciones para que el Poder Legislativo esté preparado y facultado para desempeñar su función de manera remota.

En la exposición de motivos señalaron que en la actualidad se han realizado reuniones de comisiones a través de medios electrónicos y se han tomado medidas en este sentido que han estado al margen de la ley debido a que no tenían el respaldo del marco normativo de este Poder.

No obstante, a raíz de esta experiencia, indicaron que “gracias a las tecnologías de la información, podría ser viable para los integrantes del Poder Legislativo sesionar vía remota en plataformas de comunicación unificadas, sin afectar el curso de la agenda legislativa necesaria para salvaguardar y procurar el ejercicio de sus facultades en un ambiente aislado”.

Modificar la Constitución en materia de promulgación de leyes y decretos

Actualmente, tras la aprobación de leyes y decretos en el Poder Legislativo, la facultad de publicarlos para que entren en vigor está en manos del Ejecutivo; sin embargo, no existe ninguna disposición que establezca el proceso que debe seguirse en caso de que el gobernador del estado no realice la publicación.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez advirtió que esta situación crea una laguna legislativa que tiene que ser subsanada y para ello presentó una iniciativa para modificar la Constitución Política del Estado de Zacatecas.

En el planteamiento se busca adicionar un párrafo a la fracción I del artículo 62 y modificar el artículo 63 para que las leyes y decretos que sean aprobados por el Poder Legislativo se publiquen, independientemente de la voluntad del titular del Poder Ejecutivo, evitando de esta forma, dijo el diputado promovente, el llamado “veto de bolsillo”.

Los cambios establecen que el Ejecutivo tendrá un plazo de 10 días hábiles para hacer observaciones a lo avalado por el Congreso local. Si no existen comentarios al respecto, se tendrán otros 10 días hábiles para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En caso de que no se cumpla con este paso, la ley o decreto se considerará promulgada y el presidente de la Legislatura será quien ordenará su publicación.

Incrementar penas y agravantes en los delitos de acoso y hostigamiento sexual

La gravedad de los delitos de acoso y hostigamiento sexual hacen necesario que se mejoren los tipos penales que actualmente hay en la entidad en aspectos como la conducta cometida, la culpabilidad la punibilidad e imputabilidad.

Con este fin se presentó una iniciativa para reformar el Código Penal para incrementar las penas y también aumentar las posibilidades de iniciar la persecución del delito cuando sea a petición de parte ofendida o interesada, o del legítimo representante de la víctima, y considerar más agravantes, como el hecho de que el delito sea cometido por dos o más personas o se realicen roces o frotamientos sobre el cuerpo de la víctima en lugares públicos o privados y en vehículos de transporte de pasajero.

La propuesta la plantearon la diputada Gabriela Pinedo Morales y los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada, quienes recalcaron que aunque se han tenido avances en los últimos años en la tipificación de estos dos delitos, precisaron que se deben hacer estas modificaciones porque hasta la fecha no se ha logrado una reducción en el número de casos sino, por el contrario, se ha tenido un incremento.

Introducir la figura de daño moral en el Código Civil

Por su parte, el diputado José María González Nava leyó una iniciativa para reformar el Código Civil del estado e incluir de manera literal la figura de daño moral.

El objetivo de la propuesta, resaltó, es que las conductas que puedan generan este perjuicio no queden sujeta a interpretación, sino que “la ciudadanía zacatecana tenga la certeza sobre los derechos que puede hacer valer ante los tribunales en cuanto al daño moral”.

Con la legislación actual, sostuvo, se corre el riesgo de que cualquier persona afectada no pueda tener un acceso efectivo a la justicia y por ello consideró que es fundamental incorporar literalmente la figura del daño moral en la legislación local.

En la propuesta se contempla considerar como daño moral “la afectación que una persona sufra en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas”.

No obstante, se introduce una salvedad ya que no se considerará como daño moral el que sea causado por el ejercicio de los derechos de opinión, crítica, expresión e información.

En la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura se inscribieron para hablar en el punto de asuntos generales la diputada Alma Dávila Luévano y el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez.