Con el propósito fundamental de que se  cumpla  lo establecido en el artículo 134 constitucional, en donde se indica que los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se deberán administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, el Poder Legislativo del Estado trabaja en reformas del tipo penal y administrativas en materia anticorrupción.

Es necesario mencionar que en la anterior legislatura se aprobó el Decreto 128, por el cual se realizaron reformas a la Constitución Política del Estado para dar paso a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, y  con lo cual se construyeron: la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley de Justicia Administrativa, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la Ley de Entrega-Recepción, y la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus municipios, entre otras.

De la mano con el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado, y la Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de la Legislatura, se han establecido dos mesas de trabajo. La primera de ellas tiene el objetivo de reformar el Código Penal en materia anticorrupción; la segunda mesa es para llevar a cabo reformas a las leyes de Fiscalización, Justicia Administrativa, Entrega-Recepción, y a la Ley Orgánica del Municipio.

Con esta tarea, se pretende dotar de mayores facultades a los órganos fiscalizadores, para que la ciudadanía zacatecana pueda tener la certeza de que los recursos públicos se ejercen con eficiencia, economía, transparencia y honradez.