Con el objetivo de dinamizar el trabajo legislativo en la LXIII Legislatura Estatal de Zacatecas y reducir al máximo las iniciativas congeladas, el diputado por Encuentro Social Javier Calzada Vázquez propuso adicionar un párrafo al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.

Luego de que se diera a conocer que de un universo de 390 sólo el 36% de las iniciativas que se han presentado en la actual Legislatura han sido dictaminadas, el resto permanecen aún en análisis en comisiones, el legislador por el segundo distrito  propuso adicionar que:

 “Para el cumplimiento del párrafo precedente, las comisiones legislativas deberán dictaminar todas las iniciativas en un plazo no mayor a tres meses contados a partir de la fecha de su presentación ante el pleno. En su defecto corresponde al presidente de la mesa directiva, emitir el dictamen correspondiente en sentido positivo, el que acompañará con la opinión de la Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, y deberá presentar al pleno en la sesión inmediata siguiente al término del plazo, sin que tenga que mediar gestión o solicitud del promovente”.

Dijo que aunque de acuerdo con los artículos 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 71 fracción III de la Constitución General de la República, los diputados tienen el derecho de presentar  al menos, dos iniciativas de ley,  de decreto o de acuerdo, dentro de cada período ordinario, tanto en materia de competencia estatal como de competencia federal. No obstante, la legislación actual en el estado de Zacatecas no establece plazos para que el trabajo de las comisiones concluya con un dictamen, el que deba ponerse a consideración del pleno. “Es compresible que, de existir tal disposición, la misma no puede obligar la votación de los diputados y diputadas en el pleno en un sentido u otro; ni puede hacerse obligatoria la elaboración de la propuesta de dictamen de la Comisión Legislativa en sentido afirmativo o negativo”.

Sin embargo, agregó Calzada, el derecho y la obligación de presentar iniciativas, inherente a la tarea de los legisladores, no obedece a la satisfacción de los intereses personales, sino a la naturaleza de todo poder público, cuyo objetivo es el bienestar común, la satisfacción de las demandas de la población y la armonización de la convivencia civil pacífica.

No es posible juzgar, enfatizó, si una iniciativa presentada ante el pleno, que debe sujetarse a los procedimientos establecidos en las normas, es buena o es mala. “Es competencia de los integrantes de las comisiones realizar el estudio correspondiente y, con el apoyo de los órganos auxiliares de la Legislatura, determinar si el contenido de la iniciativa es congruente con el derecho y no contraviene disposiciones superiores. En ese sentido, debe interpretarse como una obligación del Poder Legislativo, la de someter a estudio todas las iniciativas, y de ninguna manera desecharlas de plano si antes no existe la justificación y fundamentación adecuada para ello”.

Agregó que en el mismo tenor,  la falta de estudio y, en su caso, la emisión de un dictamen de las iniciativas, constituye un silencio parlamentario que no ayuda a la consecución de los objetivos legales del Poder Legislativo y no sirve a los propósitos de procurar el bienestar social.

“Por tal razón, la presente iniciativa tiene la intención de contribuir a reducir, hasta su desaparición, el silencio parlamentario, incorporando a las normas que nos rigen, un plazo máximo para que las iniciativas presentadas sean estudiadas, analizadas y dictaminadas por las comisiones a que correspondan y, en su defecto, vincular a la mesa directiva para que, con el auxilio de la Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, presente en la sesión ordinaria siguiente al vencimiento del plazo, el dictamen debidamente fundado y motivado, para su discusión y, en su caso aprobación, en el pleno”, finalizó.