Nueva fecha para Parlamento Joven.

La diputada Mónica Borrego Estrada, dio lectura a la iniciativa que junto con la diputada Carolina Dávila Ramírez, y el diputado Edgar Viramontes Cárdenas, integrantes de la Comisión legislativa de la Niñez, Juventud y Familia, presentan al pleno con el propósito de ampliar el plazo de registro de aspirantes, y se establece una nueva fecha para la celebración del 5to Parlamento Joven.

El Parlamento Joven es un espacio democrático para la presentación, análisis y discusión de propuestas en donde los jóvenes puedan manifestar, ideas y opiniones sobre los temas y problemas que consideren de mayor relevancia en la sociedad, que contribuyan a mejorar el marco normativo y la vida pública del Estado; a la fecha se han realizado 4 ediciones, y muchas propuestas se han cristalizado en iniciativas de ley.

Con esta iniciativa se establece que el 5to Parlamento Joven se desarrollará del 29 al 31 de enero de 2019.

El plazo para la recepción de registros de las y los jóvenes que deseen participar concluirá el 30 de noviembre del presente año.

Podrán participar jóvenes de entre 16 y 29 años de edad con once meses, que presenten un ensayo inédito sobre los siguientes tópicos:  a) Política Pública en materia de juventud; b) Impacto de la función del Poder Legislativo en los jóvenes; c) Participación de los jóvenes en el Sistema Democrático; d) El impacto de la migración en el sector juvenil. e) Los jóvenes y su participación en las elecciones.

Esta propuesta se consideró de urgente y obvia resolución, y se avaló de manera unánime por la asamblea.

Exhorto a la Auditoría Superior del Estado

“La realidad política y social actual requiere una mayor y total responsabilidad por parte de quienes ejercemos algún cargo de representación”, expresó la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, quien expuso ante el pleno el caso de la ciudadana María del Carmen Salinas Flores, quien fuera electa Síndico del Municipio de Guadalupe, y que tomó protesta para ejercer el cargo el quince de septiembre del presente año, y así lo desempeñara hasta el día veintiocho de octubre; pero que de igual forma, desde el primero de septiembre de este año, funge como Directora General de Programación, Presupuesto y Finanzas del Senado de la República. Por ambos cargos, la persona en mención estaría percibiendo un salario neto mensual  de 106 mil 500 pesos.

La legisladora recordó que nuestra Carta Magna establece que no pueden desempeñarse dos cargos de servicio público de manera simultánea, y la Constitución Política del Estado en su artículo 118 marca como requisito para ser síndico, regidor o alcalde, el no ser servidor público de la federación, a no ser que se separe del cargo 90 días antes de la elección.

Por lo anterior, propuso un punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Auditoría Superior del Estado para que en los términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, inicie una investigación y auditoría respecto al periodo que ejerciera la C. María del Carmen Salinas Flores, quien fungiera como Síndica Municipal, así como de las retribuciones que percibiera la misma y en su oportunidad, imponga las sanciones resarcitorias y administrativas que correspondan de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También se extiende el exhorto a la Contraloría Municipal de Guadalupe, Zacatecas, para que en el ámbito de su competencia, realice una investigación en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Municipio del Estado.

Este asunto también fue considerado de urgente y obvia resolución. Durante su discusión en lo general, el diputado Omar Carrera Pérez se registró para hablar en contra del planteamiento, mismo que fue avalado con 19 votos a favor y uno en contra.

Adición al Código Familiar

A la máxima tribuna de la entidad, el diputado Raúl Ulloa Guzmán elevó la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona un párrafo al artículo 37 del título tercero, capítulo I, referente a las actas de nacimiento, del Código Familiar del Estado de Zacatecas.

El propósito elemental de la reforma es que las copias certificadas de las actas de nacimiento expedidas por el Oficial del Registro Civil no tengan caducidad, y puedan utilizarse en la realización de trámites ante cualquier ente público o privado, siempre que se encuentren legibles y no presenten alteraciones, tachaduras o enmendaduras visibles en su contenido.

Justificó su propuesta argumentando que resulta oneroso y trivial para los ciudadanos estar solicitando copias certificadas de las actas de nacimiento en un nuevo formato o con alguna fecha de expedición, y por ello, se busca la adición legal, dar validez a todas las copias certificadas expedidas por la autoridad competente en el uso de sus facultades y atribuciones, además de asegurar su eficacia como documento de identidad independientemente del formato que se trate.

Evitar el desperdicio de alimentos

El diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano  presentó a las y los integrantes de la LXIII Legislatura, una iniciativa de Ley para Evitar el Desperdicio de Alimentos y Fomentar su Aprovechamiento en el Estado.

El legislador recordó que la Constitución Política reconoce en su artículo 4º constitucional que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que el Estado deberá garantizar.

Lamentablemente, el hambre, la desnutrición y la seguridad alimentaria, siguen siendo algunos de los desafíos más urgentes por atender en la consecución del desarrollo, tanto para el mundo, para México y, desde luego, para Zacatecas. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), señalan que Zacatecas tiene a 780 mil 300 personas viviendo en condición de pobreza, lo que representa el 49% de la población de la entidad. La misma fuente también refiere que en la entidad hay 56 mil 100 personas viviendo en pobreza extrema, lo que representa el 3.5% de la población del Estado. En el caso de la nutrición de los zacatecanos y zacatecanas, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, también arroja datos alarmantes: 46% de los hogares de la entidad han sido beneficiados con algún programa de ayuda alimentaria, pues el estado ocupa el lugar 17 de las entidades federativas con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria. Lo que es más dramático es que 1 de cada 10 hogares, reportó haber padecido hambre en los últimos 3 meses antes del levantamiento de la encuesta. Es en este contexto, que llama poderosamente la atención, según expresó el diputado, que un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierden o se desperdician en todo el mundo, lo que equivale a cerca de mil 300 millones de toneladas al año, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En México se desperdician más de 20 millones de toneladas de alimento anualmente que, si se aprovecharan, generarían ingresos por 400 mil millones de pesos, al tiempo de que servirían para alimentar y nutrir a millones de mexicanos y mexicanas en condiciones de vulnerabilidad.

Con el objeto de garantizar y hacer efectivo el derecho a la alimentación adecuada, o bien, a los medios para obtenerla, por parte de todo hombre, mujer, adolescente o niño en Zacatecas, es que se propone expedir la Ley para evitar el Desperdicio de Alimentos y Fomentar su Aprovechamiento en el Estado de Zacatecas.

Adición a Ley de Transparencia

La iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, fue planteada por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez.

El diputado mencionó que el artículo 59 de la Constitución Local faculta a los diputados a realizar el análisis del informe presentado por escrito por el gobernador o gobernadora del Estado, y si bien precisa que dicho informe debe ser presentado en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio de la Legislatura, no determina plazo ni término para que los diputados y diputadas puedan solicitar por escrito la ampliación o aclaración de la información generada por el gobierno, de lo que se infiere que tal información, sus aclaraciones o anexos, deben estar disponibles para los legisladores, en el momento en que sean solicitados.

En ese contexto, señaló que en las comparecencias de los funcionarios de la Administración Estatal, las y los legisladores  han hecho solicitudes de información a los sujetos obligados, pero si bien, para las solicitudes que haga la ciudadanía, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, establece que los sujetos obligados deberán entregar la información que les fuera solicitada, en un plazo no mayor a veinte días, con la posibilidad de ampliar dicho plazo, hasta por diez días más; en relación a las solicitudes de información que pudiesen hacer los legisladores, en el ámbito de sus competencias a los sujetos obligados, la ley no señala plazo alguno, lo cual puede atrasar el trabajo legislativo. Por ello consideró necesario determinar un plazo máximo para la entrega de la información pública.

La iniciativa pretende que la respuesta a las solicitudes presentadas por los diputados y diputadas deberá ser notificada en un plazo que no podrá exceder los siete días, contados a partir del día siguiente de la presentación de aquélla, y excepcionalmente podrá ampliarse, a solicitud fundada y motivada del sujeto obligado, hasta por tres días más.

Leyes de Ingresos

El orden del día se agotó con la presentación ante el pleno de las Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2019 de los municipios de Jiménez del Teúl, Miguel Auza, y Teúl de González Ortega.

Tras dar por concluida la sesión legislativa, el diputado presidente de la mesa directiva, José María González Nava, dio a conocer que la próxima sesión habrá de realizarse el martes 13 de noviembre a las 11 horas.