Ante la comisión legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción, compareció el fiscal Anticorrupción del Estado, Salvador Villa Almaraz, quien confirmó a los legisladores presentes que continúa abierta una carpeta de investigación en contra del ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes por el delito de enriquecimiento ilícito. “Es una carpeta que no ha prescrito, que no se ha desechado”, externó al fiscal.

La reunión se llevó a cabo a solicitud de la diputada Maribel Galván Jiménez, derivado de la baja calificación que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) otorgó a dicha Fiscalía y para estudiar sus requerimientos jurídicos  a fin de que pueda dar mejores resultados a la ciudadanía.

El diputado Ernesto González Romo, presidente de la comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, informó que la reunión fue con carácter de privada debido a la necesidad de cuidar el debido proceso de los asuntos que se habrían de informar. Sin embargo, relató que el fiscal dio cuenta de diez casos de relevancia para la vida pública del estado de Zacatecas. Uno de ellos fue la confirmación de la defraudación en la construcción de carreteras rurales en diferentes puntos de la entidad. Este tema, dijo González Romo, fue denunciado en su momento por la entonces diputada Soledad Luévano y hoy es un asunto concluido por lo que el fiscal informó que se sancionó a Ramiro Trejo y a Luis Arturo Soto, personajes vinculados con la simulación en la construcción de tramos carreteros. “Se acreditó que no se llevó a cabo la construcción por parte de una empresa con evidentes vicios de ser fantasma”. Los sujetos en mención tuvieron que pagar un millón y medio de pesos de indemnización como parte de la reparación del daño.

Sobre el tema de la estafa legislativa se dijo que la Fiscalía ha solicitado información tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como a la Unidad de Inteligencia Financiera y se han hecho 6 solicitudes reiteradas para que les entreguen informes de 19 personas físicas o morales que pudieran estar relacionadas con dichos hechos. Las investigaciones se complementarán con el trabajo que sobre el tema hace la Auditoría Superior del Estado.

En relación al trascendido de la supuesta creación de 909 plazas en la Secretaría de Educación, el fiscal dijo que al momento no hay carpeta de investigación, como tampoco la hay respecto a la empresa “Don Cacahuato”, mencionada en múltiples ocasiones durante el ejercicio de glosa. También se dijo que hasta el momento se está dando trámite a más de mil 300 denuncias que se están presentando por quienes consideran que se vieron afectados por la omisión de pagos de obligaciones fiscales en el municipio de Guadalupe.

El diputado Ernesto González Romo reveló que según lo externado por el fiscal anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública ha presentado 59 denuncias por diversos hechos y contra diferentes personas; de ellas una tiene ya orden de aprehensión y 8 están por llevarse a la judicialización. De la misma manera, mil 629 denuncias se han presentado desde marzo de 2018 hasta octubre de 2022, 566 se han archivado, 543 están en trámite, 17 han cerrado por sobreseimiento y se ha logrado un monto total de reparación del daño por el orden de los 15 millones 496 mil pesos.

Para concluir, el fiscal planteó a los legisladores la necesidad de realizar reformas legales en dos sentidos: revisar el catálogo de delitos cometidos por los servidores públicos para eliminar ambigüedades y permitir una mayor eficiencia de la fiscalía, especialmente en lo relativo a la acreditación del delito de peculado; en segundo término, es llevar a la autonomía a esta Fiscalía, ya que actualmente depende del fiscal General del Estado.