En apego a lo previsto en la Constitución, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el monto del financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el año 2022, que asciende de forma global a 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, precisó que el cálculo de estos recursos no admite debate o negociación alguna, ni para el Instituto ni para la Cámara de Diputados que determina el presupuesto anual de la federación.

“La Constitución establece una fórmula precisa, los factores que se deben utilizar en ella y el INE únicamente puede y debe aplicar dicha fórmula, una fórmula que no está sometida a interpretación ni a posibles variaciones por parte de esta autoridad electoral. No es un monto que el INE arbitrariamente define”, sentenció.

Ante las pretensiones de una reforma electoral, Córdova Vianello mencionó que desde la reforma política de 1977 hasta la de 2020 nunca se ha pretendido eliminar dichas prerrogativas, lo que refleja el impacto que tienen para garantizar la equidad de las elecciones, fomentar el pluralismo en la vida democrática y han impedido que intereses privados se impongan.

Frente a ello estimó que resulta fundamental un debate constructivo y con miras de Estado, que analice de forma integral el modelo de financiamiento y no sólo una disminución de cifra, por lo que ante una eventual reforma es crucial definir objetivos.

“Sin objetivos claros y diagnósticos fundamentados, una reforma electoral en medio de un contexto de intolerancia, polarización y lleno descalificaciones, podría abrir la puerta a la primera contrarreforma electoral en la historia de nuestra democracia”, abundó.

Al presentar el punto, la Consejera Claudia Zavala aclaró que ante los recientes señalamientos que buscan confundir y desprestigiar a la institución por su presupuesto, que incluye el financiamiento previsto constitucionalmente para los partidos, INE ha cumplido cabal y satisfactoriamente con su deber constitucional en 277 procesos electorales.

Este costo del INE, añadió, no es un capricho, sino que garantiza la emisión gratuita de las credenciales de elector, la actualización permanente del Padrón Electoral, así como las actividades de organización, capacitación, fiscalización y procesos de estimación estadística de resultados que se realizarán en los procesos electorales locales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Por lo que cualquier crítica, debate o cambio que quiera darse o proponerse respecto del costo de las elecciones y, en este caso, de los montos del financiamiento de los partidos políticos, corresponde a la ciudadanía y a sus representantes en la Cámara de Diputaciones y no al INE.

Montos específicos para cada partido político se definirán con posterioridad

La Consejera Dania Ravel expuso que, al no haber concluido la pasada elección federal, ya que existen impugnaciones en torno a los resultados y la posibilidad de pérdida de registro de algún partido, aún no es posible definir los montos que se asignarán a cada partido.

“Cuando se tenga certeza del número de partidos políticos nacionales que conservarán su registro estaremos en condiciones de determinar con certeza el monto que corresponderá a cada fuerza política con base en los resultados definitivos de las elecciones de diputaciones federales 2020-2021”, expresó.

No obstante, detalló, se realizó el cálculo de los rubros para actividades específicas, así como el monto asignado para franquicia postal y telegráfica que a pesar de que esta última no se ocupa desde 2008, no puede dejar de calcularse al estar prevista en la ley y el INE debe garantizarla en función de la siguiente distribución:

Rubro de financiamiento público	Monto de financiamiento público
Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes	$5,543,960,204
Actividades específicas	$166,318,806
Franquicia postal	$110,879,204
Franquicia telegráfica	$693,490
Total	$5,821,851,704

 

Partidos tienen la responsabilidad de ejercer los recursos con austeridad y racionalidad

La Consejera Norma De la Cruz indicó que cada uno de los institutos políticos que recibirán parte de estos recursos previstos en la Constitución y presupuestados por el INE tienen una responsabilidad para ejercerlos con trasparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas.

Por ello llamó a los partidos a cuidar de este presupuesto y que su ejercicio sea apegado a los principios de racionalidad, austeridad, fiscalización y rendición de cuentas, conscientes de la situación económica mundial y de la exigencia ciudadana de cuidar hoy más que nunca los recursos públicos.

“Recordemos, es dinero de los impuestos y del trabajo de la gente, es el dinero de todas y de todos, tenemos una responsabilidad frente a la ciudadanía y ésta nos exige ser muy transparentes en el gasto”, concluyó.

Al reconocer la importancia del acuerdo aprobado, la Consejera Carla Humphrey recordó que desde el 2014 se ha debatido respecto de la cantidad de recursos que reciben los partidos, se han ensayado diversas fórmulas y se ha visto que han aumentado los recursos a los que tienen acceso, así como el desuso de algunas prerrogativas como es la telegráfica.

Frente a ello estimó que existen muchos temas en los que se puede modernizar, acotar y adelgazar, aunque reconoció que esto tiene que ser materia de un debate pensado, minucioso y muy claro.

Humphrey detalló que son los recursos públicos lo que permiten contiendas electorales equitativas y evitan la injerencia de recursos públicos que de forma ilícita se destinan a campañas o partidos, así como recursos provenientes de actividades ilícitas o del crimen organizado que no deben involucrarse en las actividades políticas y electorales.

No existe mejor inversión que los 44 pesos que destinarán los mexicanos para garantizar la pluralidad

El Consejero Uuc-kib Espadas coincidió en la importancia de un análisis de fondo, aunque aseguró que un financiamiento público en las campañas evita que el conjunto de las elecciones dependa del favor de los dueños del dinero, ya que su costo puede implicar comprometer el erario público durante las gestiones de los gobernantes electos.

“Vamos a gastar 5 mil 800 millones de pesos aproximadamente en financiar a los partidos políticos, el dinero mejor gastado que habrá el próximo año en la República, puedo pensar en muy pocas cosas mejor compradas y tan valiosas que la aportación a la pluralidad, la equidad y la competencia limpia por las elecciones que de este gasto que se hará de 44 pesos por persona para el próximo año”, agregó.

Refirió que, si bien 5 mil millones puede ser considerado mucho, significa apenas nueve centavos de cada 100 pesos que México invierte en el Estado plural, por lo que afirmó no se trata para nada de un gasto desmedido, excesivo, oneroso o abusivo, sino  de un gasto correcto destinado a uno de los mejores fines que es garantizar que las fuerzas políticas compitan por sus méritos y no por su capacidad de reunir dinero.

Reducción de recursos a los partidos puede abrir la puerta al dinero privado de grandes grupos de poder económico o delincuenciales

El Consejero Ciro Murayama dijo que en México la apuesta fue por la equidad, reconociendo que no era suficiente contar bien los votos, ya que se debía tener una base pareja que se contrapusiera a la hegemonía del entonces partido en el poder, lo que incidió directamente en elecciones más competitivas.

Estimó que una reducción drástica en los recursos abre la puerta al dinero privado de grandes grupos de poder económico o delincuenciales, además alertó que el mercado, desde la construcción del capitalismo nunca ha logrado una distribución equitativa.

“Cuidado con ahorrar a costa de la salud de la democracia y cuídese un sistema de partidos financiado con dinero limpio, trasparente y que favorece la equidad”, sentenció al evidenciar que todos los partidos en el poder han pretendido reducir el financiamiento público.

Consejeras y consejeros recuerdan legado de María Elena Chapa en la causa de las mujeres

Previo al inicio de la sesión, el Consejero Presidente pidió a todos los integrantes del Consejo General un minuto de silencio en honor a la trayectoria de María Elena Chapa, persona luchadora por la causa de las mujeres.

Córdova Vianello recordó que María Elena Chapa en muchas ocasiones acompañó al INE en una serie de medidas afirmativas que se han adoptado a lo largo del tiempo para  construir paulatinamente una sociedad paritaria en términos de la participación política.

La Consejera Carla Humphrey dijo que María Elena Chapa deja un gran legado que debe ser honrado por todos los partidos y culminar el trabajo que ella impulsó para lograr armonizar la reforma constitucional en materia de paridad y violencia política contra las mujeres, especialmente en Nuevo León, donde enfocó su labor.

Las y los consejeros electorales conocieron el más reciente informe sobre el proceso de liquidación de los extintos Partidos Humanista, Encuentro Social y Nueva Alianza, así como la intervención realizada a los Partidos Fuerza Por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas.

El Consejo General también desechó siete procedimientos de remoción de Consejeros de los Institutos Electorales en los estados de Baja California, Guanajuato, Sonora, Veracruz y Zacatecas, ya que los hechos que se les atribuyen son improcedentes o no son considerados como faltas graves.

Además, se conoció el Informe sobre las nueve solicitudes de propaganda gubernamental durante el proceso consultivo 2021, las cuales fueron presentadas de forma extemporánea y por tanto desechadas.