La Comisión Permanente del Poder Legislativo zacatecano aprobó de manera “urgente” el exhorto a la Fiscalía, el Tribunal de Justicia del Estado y la Comisión de Derechos Humanos, para que garanticen el acceso a la justicia, el debido proceso y la debida diligencia de una niña víctima de violación, cuyo agresor fue detenido en flagrancia por la policía pero que, por actos de corrupción en el proceso, puede quedar en libertad.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, celebrada este miércoles, y ante la exposición detallada del caso por parte las diputadas Gabriela Pinedo Morales y Alma Dávila Luévano, en la cual se muestran las irregularidades cometidas en contra de la víctima, el pleno de los legisladores aprobó el punto de acuerdo para que la Fiscalía corrija todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el proceso antes de dictar sentencia, prevista para este jueves.

Entre otras de las anomalías se señala que la niña fue mantenida durante 7 horas en la misma sala que la familia del violador, cuyos integrantes la humillaron y agredieron todo el tiempo. Enseguida y por espacio de 10 horas se sometió a los exámenes periciales correspondientes por parte de médicos y psicológicos, comenzando las “gravísimas” violaciones a sus derechos humanos más básicos.

Luego de varias irregularidades en el proceso y la reprogramación de audiencias hasta acotar el tiempo que se tiene para la preparación de la audiencia final y, que en este lapso el agresor contratara a un abogado, quien se desempeñó como Director de Investigaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía, que a decir de los familiares de la víctima se ha dedicado, presuntamente, a corromper a las autoridades, debido al conocimiento que tiene del personal dedicado a la impartición de justicia en la Fiscalía, hay temor de que se cometa un acto de injusticia e impunidas.

Ante lo ocurrido, y el movimiento en defensa de la víctima y por la justicia para menores, protagonizada por organizaciones feministas zacatecanas, la legislatura se hizo eco del problema y pidió que se cumpla con el respeto a los derechos humanos, la impartición de justicia, la protección a los menores y la eliminación de la corrupción en este caso, que evidencia complicidad de las autoridades.