En su Informe Anual 2019. Poner fin a la pobreza, invertir para generar oportunidades, el Banco Mundial afirmaba que el crecimiento económico ha sido el principal factor de reducción de la pobreza en todo el mundo. No obstante, también advierte que los beneficios del crecimiento económico no se han propagado en una base amplia: el crecimiento ha contribuido a un ligero aumento del PIB en los países, pero en general no ha aumentado los ingresos de la gente, ni tampoco ha disminuido la pobreza en que vive el 40% de la población mundial. Por el contrario, la desaceleración del crecimiento mundial (una tendencia ya vislumbrada en 2018 y 2019) está erosionando el nivel de vida de las personas de clase media, que poco a poco pasan a formar parte de los pobres. Tal situación se vuelve aún más preocupante si consideramos los efectos del COVID-19. De acuerdo con el estudio publicado en abril de 2020 por OXFAM, Elijamos dignidad, no indigencia, si no se toman medidas urgentes la pandemia del coronavirus podría cobrarse hasta 40 millones de vidas, ocasionar la pérdida de 25 millones de puestos de trabajo y sumir en la pobreza a otros 500 millones de personas, lo que significaría un retroceso social de entre 10 y 30 años, dependiendo de la región. Todo lo anterior agrava las dificultades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, con el riesgo latente de no alcanzar la principal meta de reducción de la pobreza y aumento del bienestar social.

En nuestro país, de acuerdo con cifras de Coneval, de 2008 a 2018 el porcentaje de población en situación de pobreza se redujo de 44.4% a 41.9%, y con las nuevas políticas sociales se esperaba un mayor progreso al respecto. Sin embargo, la crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha puesto en riesgo los avances en desarrollo económico y social, debido a que el desempleo y la reducción de ingresos afectarán en mayor medida a los grupos vulnerables tal como lo sucedido durante las crisis de 1994-1996 y 2008-2010.

En este nuevo contexto, el Coneval estima que en 2020 se incrementará entre un 7.2% y 7.9% la población mexicana que se encuentra en situación de pobreza por línea de ingresos, lo que equivalen a entre 8.9 y 9.8 millones de personas que pasarán a formar parte de este grupo, así como un incremento de la población en pobreza extrema por ingresos de entre 4.9% y 8.5%, que representan de 6.1 a 10.7 millones de mexicanos. Estos porcentajes se suman a las cifras presentadas en 2018 por el mismo instituto, año en que la población mexicana en pobreza por línea de ingresos ya alcanzaba el 48.8%, y la pobreza extrema por ingresos un 16.8%, por lo que estas nuevas afectaciones representan un duro golpe al bienestar de millones de mexicanos. El Coneval señala que las mujeres son el sector de la población que deberá afrontar esta pandemia con mayores desventajas, por lo que se vuelve aún más necesario fortalecer la inclusión y la perspectiva de género en la búsqueda de soluciones. Además, se estima que al término de la pandemia la pérdida de empleos formales en México podría llegar hasta los 2 millones, todo ello sin considerar las pérdidas en el sector del empleo informal, el cual se estima que cubre aproximadamente 60% del empleo total en el país.

Al respecto, en 2018 un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad señalaba que para que una comunidad se vuelva productiva se requiere la acumulación de un mínimo de factores sin los cuales es imposible utilizar de manera eficiente aquellos recursos que ya se tienen.

El IMCO planteaba la necesidad de una reforma en la política de desarrollo social, misma que ha sido una de las prioridades en el gobierno de la Cuarta Transformación y ya es una realidad en nuestro país: la pensión de adultos mayores que hoy se encuentra garantizada por ley, el incremento del salario mínimo, la reciente iniciativa de reforma para mejorar las pensiones de los trabajadores, becas para estudiantes, las nuevas universidades en zonas de menor acceso a la educación, los programas de Jóvenes construyendo el futuro, entre otros. Todos ellos tienen un común denominador que es fomentar el bienestar de la población, enfocados a los que menos tienen.

Nuestro país se enfrenta a una difícil realidad en donde la baja productividad es el principal obstáculo para generar bienestar, contexto que se agrava por los estragos de la pandemia. Por ello se requieren programas que empoderen a los grupos más vulnerables, procurando el desarrollo de habilidades y la adquisición de herramientas necesarias para que puedan acceder a mercados laborales formales. El objetivo de la política social debe estar centrado en generar condiciones de autosuficiencia y productividad que permitan a los hogares y comunidades escapar de la pobreza, mediante acciones focalizadas localmente y coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno, como el impulso a la educación, la formación de capital social e infraestructura en las localidades marginadas, la creación de empleo y el impulso a la actividad económica local, permitiendo así a las familias y comunidades la generación de capital en sus tres modalidades: riqueza económica, capital humano y capital social.

Queda claro que las estrategias del Estado en materia económica y social se encuentran estrechamente ligadas y deben plantearse dentro de un esquema más amplio que favorezca la participación y la suma de esfuerzos de otros actores como la academia, el sector productivo y la sociedad, para que sean más eficaces y productivas. El combate a la pobreza debe ser una lucha de todos, en cada estado, cada municipio y localidad de nuestro país. Trabajando unidos podremos salir adelante frente a esta nueva situación, tal como siempre lo hemos hecho los mexicanos.