Ciudad de México. – La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicita a la Fiscalía General de la República (FGR) aplicar la figura de extinción de dominio en los casos de Emilio Lozoya Austin y de César Duarte Jáquez por los delitos que se les imputan.

En un punto de acuerdo que presentará a la Comisión Permanente, la coordinadora del Partido de Trabajo en el Senado de la República pide además que los bienes que les sean confiscados pasen a la administración del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado a efecto de que sean canalizados a los programas sociales correspondientes

Asimismo, Geovanna Bañuelos llama a la FGR a implementar una estrategia a efecto de que se obtengan los mejores resultados ante la propuesta de Emilio Lozoya Austin de colaborar en la procuración de justicia por los delitos que se le imputan y se abran carpetas de investigación en contra de las demás personas involucradas.

“Por el enorme desfalco cometido a la paraestatal Pemex y toda la red de corrupción relativa al caso Odebrecht, la compraventa de Agronitrogenados y el entramado de sobornos, no debe existir impunidad”, apunta la legisladora por Zacatecas.

En los últimos años tanto gobernadores como servidores públicos de administraciones anteriores han ejercido sus funciones con miras a beneficiarse a costa del erario público, incurriendo en la comisión de diversos ilícitos.

“Por ello, es muy importante que la autoridad competente en la procuración de la justicia federal en nuestro país ponga especial atención en la investigación y en su caso, judicializar las carpetas de investigación relacionadas con estos ilícitos para que los responsables sean juzgados y en su momento sentenciados”.

Hasta el momento ocho exgobernadores han sido denunciados; Roberto Borge Angulo de Quintana Roo, Javier Duarte de Veracruz, Fausto Vallejo de Michoacán, Andrés Granier de Tabasco.

Además, Roberto Sandoval de Nayarit, Mario Anguiano de Colima y Egidio Torre de Tamaulipas, acusados de delincuencia organizada, peculado, ejercicio indebido del servicio público, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, entre otros.

Y en el caso de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó a inicios de este año dos denuncias contra el ex gobernador por lavado de dinero.

De acuerdo a las indagatorias, el exgobernador utilizaba empresas fachada y prestanombres para el desvío de recursos del estado a cuentas bancarias vinculadas a él. Por estos hechos, desde 2019 se mantienen bloqueadas las cuentas de Duarte Jáquez y de personas identificadas como prestanombres que actuaban a través de las empresas fachada.

“Es necesario que las autoridades pongan fin a la impunidad con la que se condujeron todos estos personajes y comencemos a garantizar justicia a los ciudadanos”, concluye Geovanna Bañuelos.