APROBACIONES

La LXIII Legislatura exhorta a prohibir de inmediato el uso de Glifosato en el campo Zacatecas

Hace más de un año que la Organización Mundial de la Salud incluyó al glifosato en la lista de posibles sustancias cancerígenas, después de la evidencia encontrada en los estudios realizados por la Agencia Internacional para la Investigación Sobre Cáncer.

Tras esta advertencia, las y los diputados zacatecanos consideraron indispensable que en un estado con vocación agrícola y ganadera como Zacatecas se prohíba expresamente por las autoridades el uso de este herbicida dañino no sólo para el medio ambiente sino también para la salud de las personas.

Por ello, la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura exhortó a la Secretaría del Campo para que haga uso de sus facultades para que “promueva la prohibición del uso del glifosato en las actividades agrícolas y ganaderas del territorio del estado de Zacatecas”.

Las y los legisladores promoventes del punto de acuerdo, que fue considerado urgente y por ello se aprobó por unanimidad, recordaron que ya la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) diseñó un plan estratégico para ir poco a poco reduciendo el uso de este químico hasta prohibirlo en todo el país a partir del año 2024.

Además, se destacó que la autoridad estatal tiene también el respaldo de las normas oficiales mexicanas que existen para minimizar el uso de sustancias tóxicas que puedan implicar riesgos a la salud de los trabajadores agrícolas y a la ciudadanía que consume los productos del campo.

Concluyó señalando que hoy más que nunca urge prohibir el uso del glifosato en nuestra entidad, con el único objetivo de proteger el medio ambiente y la salud de los campesinos y de la población en general.

Las y los diputados llaman a las autoridades a no dejar impunes los asesinatos de mujeres

Durante el primer semestre de 2020 en Zacatecas han sido asesinadas 54 mujeres; 49 de los casos fueron tipificados como homicidios dolosos, cuatro como feminicidios y el último se presume que también se trató de un asesinato por razones de género.

Las y los diputados destacaron estos datos, aportados por la Fiscalía General de Justicia del Estado, para evidenciar la gravedad de la violencia que se comete en contra de las mujeres en el territorio zacatecano y que no sólo se manifiesta en el extremo de privarlas de la vida sino también en otro tipo de agresiones como las físicas, psicológicas, morales, sexuales o patrimoniales.

Además, señalaron que por las estadísticas hay focos rojos en este ámbito como por ejemplo los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Enrique Estrada, Calera y Saín Alto.

Este contexto violento para las zacatecanas, resaltaron las y los integrantes de la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura, no debe pasar inadvertido para el gobernador del estado y los presidentes municipales ni para la Fiscalía General y el Poder Judicial de Zacatecas.

Por ello, hicieron un llamado a todas estas instituciones con el objetivo general de “asegurar el acceso pronto, expedito, transparente y eficaz de la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género, tanto desde los ámbitos de la procuración como de la impartición de justicia”.

En concreto, al titular del Poder Ejecutivo y a los 58 alcaldes, las y los legisladores los exhortaron a crear un protocolo enfocado a prevenir, atender y sancionar la violencia de género cometida contra las mujeres durante y después de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Al fiscal General de Justicia lo exhortaron  a investigar debidamente los 54 asesinatos de mujeres que se han registrado en lo que va de 2020 para localizar a los responsables y que estos hechos no queden impunes.

Además, también se le pide que implemente un marco de atención a la violencia de género acorde al contexto actual, teniendo en cuenta que las agresiones en el hogar se han incrementado y han cobrado relevancia por la contingencia sanitaria que ha derivado en el aislamiento social.

Asimismo, las y los diputados llamaron al Poder Judicial del estado a mantener en esta temporada las guardias presenciales para dictar las medidas precautorias, cautelares y de protección que sean necesarias para salvaguardar la integridad de las mujeres que son víctimas de violencia.

INICIATIVAS

Pena de cárcel para los portadores de enfermedades contagiosas que pongan en riesgo a la sociedad

Una pena de seis meses a 10 años de prisión es la que se propuso este miércoles para quienes, sabiendo que son portadores de una enfermedad que puede poner en riesgo la vida de otros, se exponen y contagian a alguna persona.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez presentó una reforma al Código Penal del Estado para agregar dos párrafos al artículo 173.

El planteamiento fue motivado, sostuvo, por la emergencia sanitaria actual y porque se ha detectado que hay personas que teniendo conocimiento de que están contagiadas de Covid-19 salen a la calle, incumpliendo el aislamiento social, y contagian a más personas “de un modo absolutamente irresponsable que debemos de frenar de manera tajante”.

El legislador expuso que ya en este artículo se establecen sanciones para estos hechos en algunas enfermedades como las de transmisión sexual; sin embargo, el objetivo de la iniciativa es ampliar los conceptos.

En concreto, la propuesta contempla añadir un párrafo en el que se especifique que “si la enfermedad padecida pone en peligro la vida o genera daños irreversibles a la salud, se impondrá la pena de seis meses a diez años de prisión por contagio realizado. Y se considerará delito grave”.

Inclusive, se agrega un cuarto párrafo para establecer obligaciones también para las autoridades al referir que “a manera de prevención, el Estado deberá garantizar el sostenimiento económico de toda la población, particularmente la más necesitada, a fin de procurar el debido confinamiento”

Obligar a los tres niveles de gobierno a garantizar el derecho a la educación inicial

La educación inicial o temprana que se brinda de los 0 a los 6 años es una etapa fundamental para el desarrollo de las personas, ya que es la base sobre la que se asienta la personalidad del ser humano, además de sus habilidades afectivas y cognitivas.

Los estudios internacionales que se enfocan a la educación durante los primeros años de vida demuestran que “las intervenciones oportunas han mostrado que los niños pequeños pueden obtener mejores condiciones de desarrollo, una vida adulta saludable y competente, así como crecer con una valiosa responsabilidad ciudadana y dar cuenta de una mejor productividad económica”.

Por la importancia de esta etapa del crecimiento, la diputada Gabriela Pinedo Morales y los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada propusieron reformar la Ley de Educación del estado para que se establezca la obligación de las autoridades de todos los niveles de garantizar el acceso de las niñas y niños a los servicios de educación temprana ya que, además, éstos constituyen un derecho fundamental de la primera infancia.

En el planteamiento se incluyen cambios en el artículo 8 y también en el 13 de la Ley de Educación, con los que se busca, entre otros aspectos, asentar expresamente esta responsabilidad del Estado de “garantizar a los titulares de este derecho la cobertura en todos los contextos, el acceso oportuno y la permanencia escolar, en condiciones de equidad y sin ningún tipo de discriminación, por ser una etapa crucial para el desarrollo neuronal, físico, psicológico, psicomotriz y socioemocional de la primera infancia”.

Fortalecer las contralorías municipales para combatir la corrupción

Ante la situación actual de descrédito y falta de confianza que atraviesan las instituciones en todo el país, es necesario adecuar las leyes para combatir las prácticas que han generado esta percepción social.

Es importante, en concreto, aplicar los cambios necesarios en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Zacatecas debido a que es el nivel de gobierno más cercano a la sociedad y que, por ende, debe tener bases más sólidas para enfrentar la corrupción.

Lo anterior fue expresado por el diputado Pedro Martínez Flores quien propuso reformar este ordenamiento para fortalecer las funciones y atribuciones de las Contralorías Municipales ya que son las instancias encargadas de vigilar el funcionamiento y la aplicación de los recursos públicos en los ayuntamientos.

El legislador destacó que tienen que sentarse bases claras de actuación para poder acabar con las irregularidades debido a que “la aplicación de la acción del gobierno en el combate a la corrupción no debe ser variable ni negociable”.

La reforma planteada, sostuvo, tiene como objetivo robustecer las tareas de control, seguimiento y evaluación de las contralorías municipales para que puedan alcanzar los estándares mínimos que se establecen a nivel nacional.

Antes de finalizar la sesión de este miércoles, se inscribieron para hablar en el punto de asuntos generales los diputados Francisco Javier Calzada Vázquez, Pedro Martínez Flores y Jesús Padilla Estrada.

La diputada presidenta de la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura Gabriela Pinedo Morales citó a la siguiente sesión el próximo miércoles 15 de julio.