El pasado 23 de abril de 2020 entró en vigor la Ley de Amnistía, la cual, desde el inicio de la actual administración se había contemplado como un tema urgente y de gran necesidad para trabajar en la agenda de derechos humanos y justicia de los mexicanos.

Dicha ley se aprobó en un momento coyuntural, la pandemia del COVID-19; muchos presos están en un lugar en el que no deberían estar, exponiéndose constantemente a diversas situaciones que pueden afectar el resto de su vida. Pero, más allá de la contingencia por el coronavirus, es relevante entender la aprobación de la ley como un pequeño pago social y de justicia que el pueblo mexicano requiere.

Desde antes de tomar posesión, el actual gobierno federal fue opositor, y sostuvo incontables veces que había un problema de justicia social en el país, en el que, lamentablemente, los grupos vulnerables, eran los más afectados y discriminados, incluso por las mismas instituciones.

Hay jóvenes, mujeres e indígenas que las condiciones socioeconómicas, culturas y políticas, los llevaron a terminar detrás de una reja, muchas de estas veces sin la adecuada defensa, con discriminación y violentando los derechos humanos; otras, cumpliendo condena por ser el más pequeño eslabón de una gran red de delincuencia organizada.

En su momento, desde el Senado de la República, entendiendo la situación de vulnerabilidad de estos grupos, así como la necesidad de mejorar las condiciones y llevar una agenda actualizada y relacionada con las declaraciones mundiales de derechos humanos, presenté iniciativas en pro de los ciudadanos. Aquella con proyecto de decreto para reformar el artículo 133 de la Constitución, que tenía como objetivo la Supremacía Constitucional de Derechos Humanos, de igual manera, la que tenía el proyecto de decreto para adicionar la fracción XI al artículo 153-J de la Ley Federal del Trabajo, para atacar el desempleo juvenil en México, entre otras.

Por ello, se reconoce desde la actual administración que hay una deuda, una deuda pendiente con todos ellos, con todos los que han estado desprotegidos.

La ley de amnistía permitirá que las mujeres que hayan interrumpido su embarazo, el personal médico y/o familiares que la hayan auxiliado, queden libres de culpa y responsabilidades. Asimismo, que se revise los casos de los más de 7 mil indígenas que están recluidos, que se pueda liberar a aquellos que no tuvieron apoyo por parte de un defensor público y/o un intérprete de su lengua, los que desconozcan su situación jurídica, los que hayan tenido violaciones en el debido proceso, entre otras.

También, con esta ley, se dará apoyo a los jóvenes que por causas externas hayan tenido que ser el último escalón de la gran pirámide del narcotráfico.

Más allá de la letra, el gobierno federal ha estado trabajando de manera transversal. La ley de amnistía es sólo un pequeño paso para pagar estas deudas, pero los proyectos en materia legislativa y de políticas públicas continúan; haciendo valer el artículo segundo constitucional, presentando desde la Secretaría de Gobernación iniciativas para la despenalización del aborto, para el uso recreativo de la marihuana, así como el trabajo desde la Secretaría de Bienestar para introducir a los jóvenes al mercado laboral y que no se conviertan en lo que varios autores han denominado ejército delincuecial de reserva.

El compromiso es claro, ser justos con el pueblo mexicano, favorecer a los que han sido vulnerados y maltratados por gobiernos anteriores, a los que han dejado en el olvido. Hacer de los jóvenes el mejor presente que podamos tener, empoderar a las mujeres, respetar y preservar los pueblos indígenas.