A fin de endurecer el castigo a quien provoque daño grave al medio ambiente de un territorio específico, que altere o provoque el exterminio de la biodiversidad, sea por omisión o deliberado, se incorpora el “ecocidio” al Código Penal del Estado de Zacatecas en materia de delitos al medio ambiente, según la iniciativa con proyecto de decreto presentada ante el pleno del Poder Legislativo.

En los últimos meses en el Estado de Zacatecas hemos visto, con tristeza, cómo muchas áreas verdes, ecosistemas, flora y fauna, han sido dañadas por la acción humana y, con ello, se ha causado un deterioro muy grave al medio ambiente y a la población de nuestra entidad, acciones que pueden ser calificados como delitos con su respectiva sanción, explicó en la exposición de motivos la autora de la iniciativa, diputada del Partido del Trabajo Gabriela Evangelina Pinedo Morales.

Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, “el Ecocidio es el daño grave, la destrucción o la pérdida de ecosistemas de un territorio concreto, ya sea por mediación humana o por otras causas, a un grado tal que el disfrute pacífico de ese territorio por sus habitantes se vea severamente disminuido”.

En ese sentido, entendiendo que “el derecho a la vida es un derecho universal y, cuando una persona, empresa, organización, asociación o cualquier otra entidad jurídica provoca grandes daños la destrucción o la pérdida de vida tanto humana como no, de los habitantes de un territorio, es culpable del crimen de Ecocidio”.

La propuesta señala que independientemente de las sanciones administrativas o civiles a que pueda ser acreedor la persona o las personas que cometan este delito, se impondrá pena de diez a quince años de prisión y el equivalente de quince mil a veinticinco mil Unidades de Medida y Actualización vigente.

Si el ecocidio se comete en áreas naturales protegidas, se impondrá pena de quince a treinta años de prisión y sanción equivalente de veinte mil a cuarenta mil Unidades de Medida y Actualización vigente. Y si es cometido por servidor público, la pena debe incrementarse hasta en un 50 por ciento, finalizó la diputada Pinedo.