Jehú Salas Dávila, secretario General de Gobierno, aseguró que en el caso del conflicto entra la Minera Peñasquito, transportistas de la empresa CAVA y algunos ejidatarios de Cedros, municipio de Mazapil, el Gobierno del Estado mantiene la mesa de diálogo abierta para que las partes aborden el tema por la vía legal ya que, de momento, el bloqueo desde el pasado 27 de marzo a las instalaciones de dicha empresa es un movimiento ilegal.

El Secretario General de Gobierno refirió que las autoridades estatales, por instrucciones del Gobernador Alejandro Tello, han mantenido el diálogo con transportistas y ejidatarios de Mazapil desde hace prácticamente un año, por lo que han insistido en que busquen las vías legales para solicitar las indemnizaciones correspondientes, sin necesidad de afectar a terceros.

Salas Dávila sostuvo que la semana pasada, junto con el Secretario de Economía, acudió a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para revisar el avance que tenían los diálogos que la dependencia federal inició con transportistas y ejidatarios, tal como ordenó el mandatario estatal.

Asimismo, reveló que por lo menos en dos ocasiones él mismo ha dialogado con el senador por Morena, José Narro Céspedes, a efecto de revisar la problemática, y le manifestó la necesidad de llevar el tema a la vía legal. El Gobierno del Estado jamás ha dejado de estar en diálogo con los diferentes actores, dijo.

El Secretario General de Gobierno aclaró que el tema central sigue siendo el económico, a pesar de que la empresa ha hecho ofrecimientos que tienen que ver con infraestructura y apoyos de carácter social, con lo que estaría propiciando programas de indemnización por los daños que los ejidatarios han manifestado.

Finalmente, Salas Dávila hizo un llamado a la sensibilidad de las partes para continuar con el diálogo, mediante el cual prevalezca la mesura, la cordura y la responsabilidad para lograr acuerdos donde otros liderazgos, como el del Senador José Narro Céspedes, den oportunidad para que exista una solución. Afirmó que el uso de la fuerza pública para un desalojo sólo sería por la vía judicial, pues no es algo que le corresponda el Gobierno del Estado.