Desde su inicio, el “Proyecto Milpillas” se ha manejado con demasiada opacidad. Lo único cierto es que las zonas urbanas del centro de la entidad zacatecana continúan con la endémica escases de agua y que esto, por momentos, crispa el humor de los usuarios que exigen coléricamente una solución, ¡Ya!, como sea y de donde sea.

La declaracionitis desatada por este problema, de parte de los entes públicos estatales responsables de atender el abasto de agua, desde el Jefe del Ejecutivo hasta el organismo operador Jiapaz, para el caso de la capital y Guadalupe, se ha centrado en avivar la furia de los usuarios contra los pobladores de los ejidos vecinos al río Milpillas, que aguas abajo se denomina Atenco, tildándolos de necios y estar dominados por intereses políticos ajenos al bienestar de los zacatecanos. Asimismo, últimamente, enfocaron sus baterías a culpar al gobierno federal que habiendo prometido y autorizado 500 millones de pesos, no los entrega, quedando, en este discurso, por supuesto, libre de responsabilidad el Gobierno Estatal, SAMA y por supuesto, Jiapaz. Esto, claro está, es una postura política de quienes acusan politización del tema. Pero de soluciones… aún nada.

Es evidente que, ante esa narrativa del problema, los ejidatarios de El Potrero, Atotonilco,

Estancia de Guadalupe y Corrales y habitantes de las comunidades Las Bocas, Mezquite Blanco y Carretas que se reclaman afectados, no detienen su protesta y resistencia a que se construya la presa Milpillas y marquen su línea respecto de las autoridades del Estado.

Desde ese punto de vista, el Gobierno Federal también marcará su distancia, puesto que en realidad no es un problema que le ataña directamente sin pasar por el Gobierno Estatal. Y no es de dudar que esos 500 millones de pesos ya comprometidos, estén registrando una dilación política como respuesta, aparte de que pueda estar influida por la limitación de recursos en la hacienda pública del gobierno de López Obrador.

Mientras tanto, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y Red Mexicana de Afectado/as por la Minería publicó un desplegado en que da cuenta que, con acompañamiento de elementos de la Policía Estatal y representantes del Gobierno del Estado, la empresa Camino Real S.A. de C.V., se presentaron en el Ejido Atotonilco para retirar la maquinaria que presuntamente sería utilizada para la construcción de la cortina de la nueva presa, provocando la algarabía y fiesta de las familias del lugar, quienes en asamblea, nunca dieron el permiso para que  estuvieran ahí.

Si el problema es político, según afirma el gobernador no político, porqué no se trata como tal, y con oficio se atienden los intereses con convergen ahí. Gobierno Estatal, Federal, y poblaciones afectadas, aledañas del rio Atenco. ¿Acaso todos desean la raja política completa?

 

Filomeno Pinedo Rojas. 7-IV-19