El diputado local Omar Carrera Pérez, morena, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a los 58 ayuntamientos para que acaten las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) sobre la Supervisión a los Separos Preventivos 2018.

 

Por considerarse como un tema de urgente resolución, fue aprobado por Unanimidad de los legisladores asistentes a la Sesión de este día en el Pleno del Poder Legislativo.

 

En él se exhorta a que todos los Ayuntamientos del Estado acaten las recomendaciones de la CDHEZ. Además, se solicita que se emitan informes a las Comisiones Legislativas de Derechos Humanos, Seguridad Pública y del Pleno del Poder Legislativo por ser un asunto de protección inmediata a los Derechos Humanos de los zacatecanos.

 

En su argumentación, calificó como increíble el hecho de que la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de dicha Comisión, haya emitido recomendaciones para los 58 ayuntamientos de la Entidad, debido a las pésimas condiciones en que se encuentran los Separos.

 

Indicó que la supervisión emprendida por la Comisión se hizo bajo las recomendaciones que el Derecho Internacional, Nacional y Local establece hacia las obligaciones de las autoridades municipales para respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los separos preventivos.

 

Dichas garantías deben observarse por lo menos, en que el lugar se encuentre en óptimas condiciones de infraestructura, equipo, servicios y personal, por lo que en el documento se refieren una serie de características que deben de observarse en los lugares para tal fin.

 

Entre ellas están las condiciones físicas de las instalaciones, higiene, ventilación, iluminación, sanitario, lavabo, suministro de agua para saneamiento sanitario.

 

Así como el abasto de agua para el aseo personal, planchas para dormir, puertas y ventanas adecuadas para prevenir suicidios, circuito cerrado de video grabación, alimentación, entre otras muchas más.

 

“En lo jurídico se deben garantizar mecanismos y procedimientos expeditos para la puesta a disposición inmediata ante el juez comunitario y cumplir así con los tiempos reglamentarios de permanencia en esos lugares”.

 

Además del tema de recursos humanos, en el estudio también se tomó en consideración las condiciones del personal de seguridad, personal médico e insumos como son materiales y medicamentos.

 

“Así como personal administrativo de psicología, trabajo social, jurídico y de prevención del delito, con perfiles profesionales que garantice la seguridad y el respeto a los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad”, detalló.

 

Indicó que todo esto corresponde a la labor propia de los integrantes de los Ayuntamientos para promover, proteger y garantizar el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y moral, y la dignidad de las personas privada de su libertad por presuntas infracciones.

 

Así que, debido a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo públicos los resultados de la Supervisión y de que cada uno de los 58 ayuntamientos del estado fueron notificados de las observaciones en particular promovió el Punto de Acuerdo.