La búsqueda de los bienes de la exresidencia oficial de Los Pinos representa un paso en el combate a la impunidad.

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre reconoció la disposición de Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y de secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para realizar el cotejo del inventario del mobiliario, utensilios y obras de arte de la ex residencia presidencial de Los Pinos.

Para la legisladora “dicha acción representa un paso en el combate a la impunidad, en la que por años se han amparado aquellos políticos que han hecho uso indebido de sus funciones”.

En conferencia de prensa, el presidente de la República mostró su disponibilidad de indagar al respecto; mientras que Alejandra Frausto Guerrero refirió en entrevista que, en caso de encontrar faltantes, será la Secretaría de la Función Pública (SFP) la encargada de la investigación correspondiente.

“La transparencia y rendición de cuentas es una realidad ahora que estamos transitando en una nueva etapa para erradicar la corrupción e impunidad sin importar cargos o privilegios obtenidos en el pasado”.

A partir del 3 de diciembre, la Presidencia de la República tiene 30 días hábiles para revisar los inventarios de lo que fuera la residencia oficial de 14 expresidentes, siendo Enrique Peña Nieto el último inquilino.

Al tomar protesta Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México, se abrieron al público las puertas de Los Pinos, complejo de 56 mil metros cuadrados, cuatro veces más grande que la Casa Blanca de Estados Unidos.

“Como representante popular y congruente con una nueva forma de hacer política, estaré al pendiente de la revisión de los inventarios y el seguimiento de la investigación”, afirma Geovanna Bañuelos.

Fue el pasado 4 de diciembre cuando los senadores por el Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos y Alejandro González Yáñez, presentaron punto de acuerdo para exhortar a la Oficina de la Presidencia de México y la Secretaría de Cultura, informar sobre el inventario de bienes de Los Pinos.

Además, se exhortó a la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación a que auditen y en caso de encontrar irregularidades, deslindar responsabilidades.