Ciudad de México, 3 de diciembre de 2018.- Con la firma del Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa, la nueva administración federal garantiza a madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Isidro Burgos” que no  habrá impunidad, trabas ni obstáculos para llegar a la verdad y hacer  justicia.

Al encabezar la firma del decreto, el presidente Andrés Manuel López  Obrador señaló:

“Con este decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde el poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la  comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. Todo el  gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá  impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”.

La legitimidad obtenida por el jefe del Ejecutivo a través de décadas  permite afirmar que no existen compromisos políticos de ningún orden  que impidan el acceso a la verdad y a la obtención de justicia:

“Lo que más me llena de orgullo es que en todo este tiempo mantuve mis  principios, mis ideales, no dejé trozos de dignidad en el camino, no  tuve que traicionar para llegar a donde estoy. Por eso tengan  confianza, no le debo nada a ningún grupo e interés creado, sólo tengo  un amo, que es el pueblo de México.”

Por ello, afirmó que no existirá ninguna traba u obstáculo en el  desarrollo de las diligencias que estarán a cargo de la Comisión de la  Verdad, misma que contará con amplias facultades: “Llegar a la verdad  y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece”,  expuso.

El mandatario agregó que una da de las acciones que contribuirá a  establecer la realidad de los hechos será el respaldo institucional a  quienes cuenten con información sobre el caso: “Lo de los testigos es  algo muy importante, garantizarles protección para que den a conocer  con libertad todo lo que saben y llegar al fondo del asunto, que se  esclarezca todo lo que sucedió, que se llegue a la verdad y que haya  justicia”.

Recordó que el Poder Judicial determinó que será la Procuraduría  General de la República (PGR) o, en su caso, la nueva Fiscalía  General, la encargada de constituir la Comisión de la Verdad, “pero  vamos a estar nosotros pendientes, no nos vamos a lavar las manos.  Habrá respeto a la autonomía, pero es un asunto de Estado, un asunto

que nos importa mucho a todos los mexicanos, por eso cuenten con todo  nuestro apoyo”.

Es el inicio de una política de Estado que pone en el centro de  atención a las víctimas

El decreto será publicado mañana martes 4 de diciembre y establece la  creación de la Comisión de la Verdad, conformada por integrantes del  gabinete del gobierno federal, así como madres y padres de los jóvenes  desaparecidos y expertos.

Trabajará de manera autónoma bajo la coordinación de la Subsecretaría  de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de  Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, quien señaló que  este caso es “una de las más graves violaciones a los derechos humanos  en la historia de nuestro país”.

Encinas informó que serán retomadas investigaciones de organismos de  derechos humanos; del Alto Comisionado de Naciones Unidas; del Grupo  Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la  investigación trunca de la Procuraduría General de la República (PGR)  de la administración anterior.

Subrayó que se dará la instrucción a todas las dependencias del  Ejecutivo federal para que faciliten la información que les sea  requerida y que no se podrá clasificar como reservada la que tenga  relación con violaciones a los derechos humanos o que obstruya la  persecución de delitos.

El decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el  Diario Oficial de la Federación (DOF) y la Comisión de la Verdad será  instalada en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

“Es el inicio de una política de Estado que pone en el centro de  atención a las víctimas”, expresó Encinas Rodríguez.

Acompañando al presidente en la firma del decreto estuvieron presentes  Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional;  José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Olga Sánchez Cordero,  secretaria de Gobernación y Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.

Asimismo, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos  Humanos, Población y Migración (Segob); Martha Delgado Peralta,  subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la  Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); María Martínez Zeferino,  madre de Miguel Ángel Hernández Martínez y Emilio Navarrete  Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González.