Al dar continuidad al análisis del Segundo Informe de Gobierno de Alejandro Tello Cristerna, los integrantes de la LXIII Legislatura del Estado recibieron a Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal.

La Comisión de Cortesía, a cargo de los diputados Emma Lisset López Murillo y armando Perales Gándara, recibió a la secretaria, para iniciar con el posicionamiento de cada Grupo Parlamentario.

Rendición de cuentas

El diputado Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, representante del Partido Nueva Alianza (Panal), refirió la anuencia de la creación de un nuevo modelo de control y rendición de cuentas, conformado por el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que vio necesario retomar la existencia de la SFP, para que sus funciones y atribuciones le permiten insertarse adecuadamente en el engranaje operativo de la administración pública estatal, a fin de que funcione como un verdadero órgano de control interno del Estado

Para ello, sugirió integrar de manera armónica los instrumentos en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y fiscalización para evitar duplicidades, que socavan la investigación y el fincamiento de responsabilidades.

Alberto Zamarripa dijo que está convencido de que el buen gobierno es sinónimo de una administración honesta, transparente y respetuosa del Estado de Derecho, ejercicios democráticos que generan confianza social y reafirman escenarios de gobernabilidad, coexistencia ideológica de todas las fuerzas políticas, así como una eficaz coordinación y respetuosa relación entre los tres niveles de gobierno.

Resaltó la voluntad de combate a la corrupción, pero que hace falta mucho camino por recorrer, ya que Zacatecas se coloca entre las 10 entidades con mayor percepción de corrupción por parte de los empresarios, y “eso nos hace reflexionar en lo mucho que tenemos pendiente en el tema de combate a la impunidad. Defendamos el derecho de la ciudadanía a acceder a gobiernos más justos y más equitativos”, remarcó.

Respeto a la ley y transparencia

En tribuna, Susana Rodríguez Márquez, diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se pronunció por que se tome de base de acción política el transparentar los procesos internos de este instituto, promotor de que la actuación de las autoridades tenga como marco de referencia el respeto a la ley, la transparencia en la toma de decisiones y el libre acceso a la información pública.

La vigilancia, supervisión, fiscalización y evaluación de las tareas gubernamentales resultan esenciales en un contexto nacional de exigencia de combate a la corrupción y su larga secuela de impunidad, acotó.

Preguntó a Paula Rey Ortiz Medina si el reto de combatir la corrupción y la impunidad la han rebasado, pues, dijo, “nos estamos quedando cortos, sin recursos legales, sin facultades sancionatorias para actuar con rapidez y eficacia que espera la sociedad; los procedimientos se han quedado anclados en leyes, superadas por una realidad que dista mucho, o los que violan las leyes y se aprovechan de los recursos públicos son más inteligentes”.

Susana Rodríguez indagó cuáles han sido la funcionalidad y los resultados prácticos de los sistemas de control y la SFP cómo se vincula con las secretarías de Finanzas y de Administración para evaluar los resultados de la aplicación de los recursos públicos.

“Existe en el estado obra pública altamente cuestionada tanto por sus procesos en la licitación y asignación a empresas con antecedentes poco claros en el país e igualmente cuestionadas por su escasa calidad y funcionalidad”, añadió.

Desempeño eficiente y eficaz

Raúl Ulloa Guzmán, diputado del Partido Encuentro Social (PES), recordó que la SFP es una dependencia centralizado del gobierno estatal, cuya misión es vigilar, controlar y evaluar la aplicación del gasto público, así como cuidar actos de corrupción en todo momento y la conducta de los servidores públicos, para que ésta se encuentre apegada a la ley.

Como órgano de control interno, añadió, debe apostarle al fortalecimiento institucional, al desempeño eficiente y eficaz, a la prevención, comportamiento ético de los servidores públicos, así como a la aplicación de sanciones a quienes antepongan sus intereses personales por encima de los colectivos y actúen por encima de la ley.

Recordó que, a su llegada, Paula Rey Ortiz encontró rezago más de mil 200 asuntos sin atender ni resolver por el área jurídica y preguntó qué tanto se ha logrado abatir este tema, así como cuál es el trabajo conjunto con la SFP federal sobre las cuentas públicas de los Municipios, procedimientos de responsabilidades administrativas contra 11 funcionarios del gobierno anterior y qué avances y resultados se tienen al respecto.

También indagó sobre las auditorías integrales y financieras, además de las acciones realizadas con la SFP federal, si se hacen auditorías a organismos descentralizados, y sobre el programa Formando Ciudadanía para el combate a la corrupción e impunidad, sobre todo para combatir estos males entre niños y jóvenes, así como si ya se extendió a los municipios del estado y qué falta por hacer.

Celeridad en investigación

José Dolores Hernández Escareño, diputado del Partido del Trabajo (PT), afirmó que el sistema jurídico de responsabilidades es muy endeble en Zacatecas, por factores como la impunidad del que gozan funcionarios de éste y el otro sexenio, “lo que ha facilitado la impunidad ante la poca actividad de investigación por parte de la secretaría a su cargo”.

Se refirió a Paula Rey Ortiz como una persona capacitada, por ello pidió que en todos los sistemas de investigación se dé celeridad. “Se han señalado en reiteradas ocasione actos de corrupción, pero no se ha obtenido respuesta por la SFP, que tiene las facultades de investigar los presuntos hechos e irregularidades, pero que no se da un seguimiento puntual”.

Desde hace años se habla de sancionaros a funcionarios de primer nivel, añadió Dolores Hernández, “pero, lejos de ello, se les premia con una candidatura plurinominal o un puesto, y eso no está bien”.

Comentó que se han observado programas de capacitación, integración de 50 comités de control interno y 49 de ética, así como acciones de prevención, pero la gran mayoría de procedimientos termina con sobreseimiento o improcedencias, y se resuelven con amonestaciones privadas o sanciones muy leves, lo que indica que “no se investigan a fondo las grandes irregularidades”.

“Esperamos que con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, no haya pretexto para brindar mejores resultados en el ámbito de vigilancia de la función pública”, remató.

Conflicto de interés

José Juan Mendoza Maldonado, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fustigó que “se deben contar las historias de terror porque le haremos un bien a la vida pública de Zacatecas”, y porque el tema de rendición de cuentas, de transparencia, de combate a la impunidad, sigue siendo inconcluso en el estado.

Expuso que hay 15 ó 20 procedimientos de responsabilidad administrativa contra quien era secretario de Finanzas y de Administración en el sexenio pasado, Fernando Soto Acosta, inhabilitado recientemente por la SFP con 20 años, y al mes siguiente se nombra al hermano, Federico Soto Acosta, como coordinador general jurídico.

“Hay conflicto de interés, y es oportuno que la secretaria se pronuncie al respecto… en el caso que se le solicitara un procedimiento abreviado para la reparación del daño, Federico recurriría como ofendido, víctima, como coordinador general jurídico, y como imputado, Fernando Soto Acosta”.

Señaló que en Zacatecas sugirió como necesario generar sistemas de información y de inteligencia para atender el fenómeno delincuencial, y ahora es importante generar sistemas de inteligencia institucional, para conocer a tiempo, frenar, inhibir, detener y prever el acto sistemático de corrupción “antes de que se consuma, porque la parte punitiva es muy pobre y la reparación del daño, todavía más”.

Esta parte el trabajo de la SFP es muy importante, recalcó, pues tiene un área de investigación, comisarías, por ello, añadió, “vamos construyendo este sistema de inteligencia institucional para detener a tiempo el acto corrupto”, a la vez que solicitó cómo los ex titulares entregaron las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot).

Corrupción, un grave flagelo

José Guadalupe Correa Valdez, diputado representante de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), externó que la corrupción es un flagelo que impide la competitividad, eleva los costos de los programas de gobierno, genera incertidumbre y daña a la economía y a las familias zacatecanas, “se manifiesta todos los días en el tráfico de influencias, en el soborno, en el uso de bienes y servicios públicos para beneficio personal”.

Quien la ejerce, agregó, “no quiere ver sus graves consecuencias, es un cáncer que carcome a la sociedad lentamente, no daña sólo a quienes la cometen en el instante, sino que daña la credibilidad en las instituciones, personas, gobernantes y familias mismas”.

El combate a la corrupción, explicó Correa Valdez, marcha en conjunto con la transparencia y las buenas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos, logrando la consolidación de un estado con gobernabilidad democrática, que es uno de los principales reclamos de la sociedad.

Comentó que el trinomio de la transparencia es la cultura de la rendición de cuentas, de la gestión gubernamental y combate a la corrupción, y son piedras angulares de las instituciones públicas y la única vía para recuperar la confianza en el gobierno y sus representantes.

José Guadalupe Correa confió en que la SFP dará un combate frontal a la corrupción, de la mano con la participación del gobierno, la ciudadanía y las instituciones que se desprenden del Sistema Estatal Anticorrupción, que deben articular esfuerzos con apoyo de la transparencia y rendición de cuentas.

Cero tolerancia a la corrupción

Perla Guadalupe Martínez Delgado, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subrayó que los actos de corrupción afectan el sistema político y económico, y son un cáncer que impacta en todos los niveles, pero que, a pesar de los esfuerzos, fundamentalmente, de la sociedad civil, no se han visto concretados los resultados favorables en el quehacer de la administración pública.

El posterior resultado es la impunidad, añadió, por ello el contexto político y social exige de las instituciones una solución inmediata. “Hay un gran descontento y hartazgo social que rechaza de manera contundente las irregularidades que se presentan, principalmente, en la actuación de los servidores públicos, al grado de que hoy en día el nivel de confianza en las instituciones es nulo”, adujo.

Perla Martínez dijo que esto no es nuevo, y se hace más notorio por el acceso a la información y al interés de los ciudadanos, pero, a pesar de los esfuerzos, reformas y creación de mecanismos, campañas de concienciación, acciones para su erradicación, “no hemos podido propiciar que este mal desaparezca en todas las instancias públicas y en la cultura”.

Martínez Delgado resaltó los esfuerzo y compromisos del gobierno por combatir la corrupción, que no es tarea exclusiva del Poder Ejecutivo, sino también de la sociedad organizada, y con ello queda claro que se ha enfrentado con firmeza la corrupción y se ha promovido la transparencia y rendición de cuentas, pero no sólo se trata de castigar, sino también de prevenir desde los funcionarios.

“Zacatecas, y México en general, debe convertirse en un lugar donde impere la ley, y quien no la respete, tenga una sanción ejemplar, su gente lo demanda y lo necesita, en la 63 Legislatura tendrá el apoyo necesario para cumplir la labor de tolerancia cero a la corrupción y a la impunidad”.

Destitución del cargo

Omar Carrera Pérez, diputado representante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recalcó que, “lamentablemente, vivimos días de deshonor, marcados por un contexto donde la corrupción e impunidad han caracterizado a los últimos gobiernos estatales”.

“Son tiempos de cambio, la lucha de Morena y del presidente electo es sencilla: combatir la corrupción y la impunidad, ello implica abatir a todo aquel que ve en la función pública el camino corto a la riqueza”.

Al exigir a los gobernantes y subordinados dar resultados, reiteró la remoción de Paula Rey Ortiz Medina de la SFP, ya que “usted formaba parte de un listado de funcionarios a quienes se les otorgó un bono especial en la administración de Miguel Alonso; en tres años, obtuvo un millón 800 mil pesos, por eso sigue dejando dudas su actuación objetiva e imparcial como titular de la dependencia encargada de auditar el uso de los recursos públicos de la entidad”.

Omar Carrera dijo que es de conocimiento público que la administración anterior “ha sido uno de los gobiernos más corruptos en la historia de Zacatecas, y llama la atención que sus indagaciones no se hayan visto, por tibias; por eso no encontró elementos para formular un solo caso en contra de su ex jefe y, así,

Agregó que la mala percepción que tienen los zacatecanos de la administración pública “se debe a la impunidad con la que se manejan los asuntos de corrupción de los servidores públicos. Ante estas anomalías, recomendó a la SFP investigar e iniciar procedimientos en contra de funcionarios involucrados, “pero no ha habido castigos”.

“Zacatecas está harto de la corrupción que aflora en este gobierno”, por eso reiteró a Paula Rey Ortiz Medina replantear su permanencia en la SFP, “ya no habrá amigos, ya no habrá quién pueda ayudarla desde este Poder Legislativo”, expresó.

Comparecencia

Al término de los posicionamientos de cada Grupo Parlamentario, la secretaria de la Función Pública rindió protesta para conducirse con la verdad, para dar paso a la exposición con motivo de las acciones realizadas en el último año en materia de auditorías, rendición de cuentas, sanciones e inhabilitaciones de servidores públicos.

Ortíz Medina expuso ante las y los diputados las acciones y programas emprendidos desde la Secretaría de la Función Pública, dividiendo los detalles del informe presentado en tres ejes temáticos: transparencia e innovación gubernamental, combate a la corrupción y participación ciudadana.

Detalló ante la Asamblea el programa de ética gubernamental bajo el cual se rige la administración estatal, por lo que se tomó protesta a 49 comités Por un Zacatecas sin corrupción, llevando a cabo talleres y trabajos de capacitación dirigidos a entes públicos sobre códigos de conducta, suscribiendo además acuerdos con cámaras empresariales a fin de realizar acciones conjuntas en materia de prevención de corrupción. Asimismo hizo mención de los órganos internos de control recién establecidos, por lo que informó las actividades que realizan y los retos a los que se han enfrentado.

Finalmente, de acuerdo a lo establecido en el formato de comparecencias, se dio la oportunidad para que las y los legisladores participaran en bloques integrados por cinco diputados y diputadas, elaborando preguntas por espacios de hasta cinco minutos; posteriormente el funcionario respondió a cada uno en un lapso de entre 20 y 30 minutos; la réplica de las y los legisladores fue hasta por tres minutos.