Las pasadas elecciones cambiaron por completo el panorama político de México, y en especial de Zacatecas, que una vez más se vuelve puntal de la construcción democrática del país.

Sin embargo, recientemente se anunció que la legislatura saliente fue la cuarta más cara de toda la república, lo que ciertamente no sorprende, pues el poder legislativo reprodujo las mismas prácticas de despilfarro y malos manejos que desde hace años el ejecutivo local ha realizado.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el costo de la “ineficiencia legislativa” asciende a casi 10 mil millones de pesos anuales en las Cámaras de Diputados locales del país y la Asamblea Legislativa de la ciudad de México.

Pero la ineficiencia del congreso no sólo cuesta dinero, sino años de atraso jurídico en materias que la sociedad reclama con urgencia, como es el caso del acoso sexual, que no es considerado un delito en nuestra entidad, o el de los delitos “contra el honor”, que sólo 8 estados contemplan y que la CNDH ha llamado a despenalizar.

No obstante los pendientes legislativos, nuestros diputados locales destacaron por ser los únicos en el país que reciben un “bono especial anual”. Para colmo de males, recientemente se dio a conocer que “un grupo de 15 diputados está buscando que se les entreguen 150 mil pesos a modo de liquidación antes de terminar su encargo en la 62 Legislatura local”. Para ello, sostuvieron una reunión con el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, solicitándole un recurso extraordinario, debido a que actualmente la Legislatura no tiene solvencia económica para poder otorgarse esta “gratificación”.

Por acciones como esta, la ciudadanía manifestó su hartazgo el pasado primero de julio, con lo que la nueva cámara de diputados tendrá como primera fuerza política a la coalición “Juntos Haremos Historia”, que ocupará 11 de las 30 curules.

La responsabilidad que sobre ellos recae tiene tres aspectos de suma importancia. Primero: deben lograr los consensos necesarios con las demás fuerzas políticas para aprobar las reformas constitucionales que Andrés Manuel López Obrador promoverá, pues no basta la mayoría con la que el movimiento goza en el congreso de la unión, hace falta la aprobación de la mayoría de los congresos locales.

Segundo: legislar para que nuestro estado se coloque a la vanguardia de la protección jurídica de los derechos humanos y de los derechos sociales, en especial de los grupos llamados minoritarios; así como discutir el aborto, la eutanasia, el matrimonio y la adopción homoparental, etc.

Tercero: escuchar a la ciudadanía para ser la voz de las causas justas. Que el espíritu de las leyes deje de ser el lucro y la corrupción para regresar a la igualdad, seguridad y libertad como motivo y fin de las mismas.

Estas tres responsabilidades que compartirá con otras bancadas, deberá acompañarse de la austeridad republicana y el combate a la corrupción que desde el gobierno federal marcará la pauta para una nueva visión de función pública, mucho más cercana a la gente y lejos del derroche que tanto molesta a la ciudadanía.

Confiamos en que la LXIII legislatura marque distancia con el pasado y dé los primeros pasos hacia un futuro verdaderamente democrático.